NUEVA POLÍTICA INDÍGENA DEL GOBIERNO

NUEVA POLÍTICA INDÍGENA DEL GOBIERNO
“ALCANCES Y BENEFICIOS”

La nueva política, denominada "Re-conocer: Pacto Social por la Multiculturalidad", tiene tres grandes ejes: sistema político, derechos e institucionalidad; desarrollo integral de los pueblos indígenas; y multicuturalidad y diversidad.

En el mes de abril la presidenta Michelle Bachelet, dio a conocer la nueva política indígena a implementar en los dos últimos años de su gobierno en cuanto a participación política y protección de los recursos naturales en manos de pueblos originarios, manifestando que el problema de los pueblos indígenas radica en un asunto de derechos, de una identidad colectiva que busca expresarse en una sociedad multicultural.

La nueva política, denominada "Re-conocer: Pacto Social por la Multiculturalidad", tiene tres grandes ejes: sistema político, derechos e institucionalidad; desarrollo integral de los pueblos indígenas; y multicuturalidad y diversidad. Estas se sumarán a las líneas de acción presentadas por Bachelet en abril de 2007.

Propuestas
- Impulsar la participación directa de los pueblos indígenas en el Congreso legislativo, en los Consejos Regionales y en los Concejos Comunales. "La propuesta más analizada es retomar un proyecto de ley presentado en 1991 por dos diputados, que plantea crear un distrito indígena, que pudiera elegir una cierta cantidad de diputados y senadores indígenas".

- Creación de una Subsecretaría de Asuntos Indígenas, dependiente del Ministerio de Planificación (Mideplan), de un Consejo de Pueblos Indígenas, como organismo de representación y consulta sobre política hacia las comunidades, y de un Comité de Ministros para Asuntos Indígenas.

- La reestructuración de la actual Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), que pasará a ser un organismo ejecutor de políticas, formándose además una Unidad de Asuntos Indígenas en cada ministerio.

- Se restituirán tierras a 115 comunidades indígenas y que se resolverán las solicitudes de otras 308 comunidades. También se rediseñará el Fondo Tierras y Aguas administrado por la CONADI.

- Se trabajará en el desarrollo integral de las economías de los pueblos originarios, así como en programas de conectividad, vivienda, agua potable, electricidad e innovación rural.
- La última parte de la nueva política propende a "generar un cambio cultural" entre la población. La principal novedad es que se dictará un "Código de Conducta Responsable", que regulará los proyectos de inversión públicos y privados en Áreas de Desarrollo Indígena y en tierras indígenas. En el Código "se contemplará el derecho de los indígenas a ser consultados sobre los proyectos, a participar de sus beneficios, a ser compensados por los daños causados y a no ser trasladados sino en las condiciones previstas en el Convenio 169 (de la Organización Internacional del Trabajo OIT)".

- Finalmente se elaborará una Política de Multiculturalidad y otra sobre Inclusión donde se desarrollarán programas específicos para indígenas que vivan en zonas urbanas.

Convenio 169
El Convenio 169 de la OIT es el único instrumento jurídico internacional vinculante sobre reconocimiento de derechos y protección de los pueblos indígenas y fue aprobado el 4 de marzo de 2008, luego de casi dos décadas de trámite legislativo. Los principales derechos que establece el Convenio para los pueblos indígenas son el de participación y a ser consultados; derechos respecto a la tierra y al territorio; y en ámbitos de justicia, pluralismo jurídico y educación intercultural bilingüe. Hoy, el Convenio y la mentada declaración están siendo analizadas por el Tribunal Constitucional, luego de lo cual éste podría ser ratificado por la presidenta Bachelet.

Wilson Reyes, director nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, destacó en medios de prensa nacional, la relevancia que tiene este convenio "que reconoce a los pueblos indígenas sus territorios históricos, culturales y étnicos. Asimismo reconoce la participación de los pueblos y el derecho a la autodeterminación, entre otras materias". Reyes señaló además que “falta que el marco jurídico interno del Estado se adecúe a este documento, desde el ámbito ambiental, el uso del recurso agua, los códigos sanitarios y la Ley Forestal, entre otros aspectos".